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Recientemente estamos viviendo en nuestras ciudades una nueva revolución: la instalación de la fibra óptica.

Vaya por delante la obligatoriedad de las empresas que pretenden dar acceso a este servicio de solicitar, antes de hacerlo, la autorización de la comunidad para poder actuar en ellas. Para ellas es necesario, desde la última reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, el acuerdo, a solicitud de uno de los propietarios, de un tercio de los propietarios que represente un tercio de las cuotas de participación.

fibra optica comunidades de propietarios

Este quórum ya deja ver con bastante claridad que la voluntad del legislador era buscar la permisividad en el acceso a las telecomunicaciones, ya que ES UN ACUERDO QUE NO PRECISA MAYORÍA, lo que supone algo extraño en un sistema que se basa en la democracia y las mayorías.

El acceso a las telecomunicaciones es algo cada vez más esencial en nuestra sociedad, y su confrontación viene dada con el cuidado del aspecto de nuestras fachadas, y mucho más en una Ciudad Patrimonio de la Humanidad, como es el caso que a mí me toca.

Los edificios nuevos no plantean excesivos problemas: cuentan con conducciones internas por las que acceder a los distintos departamentos (locales y viviendas), aunque en ocasiones surgen problemas técnicos. El problema lo tenemos con los edificios antiguos, generalmente situados en los cascos históricos, que tienen todo el cableado por la fachada.

En estos casos, además de enfrentarse el derecho de acceso a las telecomunicaciones con el sentido común (el menos común de los sentidos) al que apelan tanto Aristóteles como Fabio Balbuena, se enfrenta con las ordenanzas municipales, que en el caso de Ávila no permite el cableado por la fachada, salvo que el coste del acceso encareciera notoriamente la instalación. Quién y cómo se interpreta esto es harina de otro costal. Creo que en esta interpretación andan para darnos el acceso.

Pero el motivo de este post es otro: ¿qué ocurre si una Junta de Propietarios no autoriza a la instalación? En mi humilde opinión podemos hacer entrar en juego el art. 9.2 del Real Decreto 1/98 sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. De este modo, el interesado en contratar la fibra (sea propietario o ocupante del local o vivienda por cualquier otro título) podrá solicitar por escrito al presidente de la comunidad, su voluntad de realizar la instalación (a su costa) antes de realizar cualquier actuación. Y el presidente deberá contestar en el plazo de quince días: si ya existe la infraestructura, que no puede realizar obras; si no existe la infraestructura o no fuera válida para el servicio, transcurridos tres meses, el comunicante podrá realizar dicha obra, teniendo siempre en cuenta que ésta deberá facilitar el acceso posterior a cuantos otros propietarios lo deseen, abonando su parte a aquel que corrió con todos los gastos. Únicamente podrá paralizarse esta obra si es con el fin de que la Comunidad acepte realizar la instalación común… con la “mayoría” de un tercio.

Y todo ello aderezado con la normativa municipal y con la posibilidad técnica de instalación.

En definitiva, nuevamente somos los Administradores de Fincas los que deberemos mediar en este conflicto para lograr un acuerdo que sea factible y beneficie a todos los componentes de la Comunidad, y siempre sin vulnerar la normativa municipal ni, sobre todo, el sentido común.