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En el AAFFmeet vimos un caso práctico sobre actividades molestas, aportado por gentileza de nuestra ilustre compañera Maribel Orellana (@AdmMaribel).

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Para actuar contra una actividad molesta, la ley exige unos requisitos de “procedibilidad” , a saber:

 

1) Que el Presidente, a instancia propia o a petición de cualquier propietario, requiera fehacientemente al propietario u ocupante de la vivienda en la que se desarrolla la actividad molesta para el cese de la misma.

2) Que tras dicho requerimiento persista el ejercicio de la actividad molesta.

3) Que se convoque junta para acordar el ejercicio de acción de cesación.

4) Que la demanda se dirija contra el propietario y, en su caso, el ocupantede la vivienda.

 

En el caso planteado, la actividad molesta consistía en el aparcamiento de un vehículo en zonas comunes,  dentro del recinto de una urbanización, por ser contrario a los Estatutos y al Reglamento de Régimen Interior de la comunidad.

 

La actuación de la comunidad se llevó a cabo de la siguiente manera:

 

 

1º) El Presidente, a través de Letrado, requirió el cese del aparcamiento en zonas comunes.

2º) Convocada junta, el propietario requerido se comprometió a no aparcar en los viales comunitarios, y la junta aceptó el compromiso, autorizándose el ejercicio de acciones solo si el propietario no cumpliera su compromiso.

3º) Con posterioridad, el propietario incumplió el compromiso y continuó aparcando en viales comunitarios.

4º) Ante este incumplimiento, la comunidad interpuso demanda.

        

Correcto, ¿verdad?

 

¡Un momento! Vuelve a leer los requisitos y compáralos con la actuación de la comunidad.

 

Si te has fijado bien, la comunidad se saltó un paso. En efecto, porque el acuerdo consistió en que solo se iniciarían las acciones si persistía el incumplimiento, y para ello hubiera sido necesaria la celebración de una junta convocada al efecto, donde se constatara dicho incumplimiento y se acordara el inicio de las acciones oportunas.

 

De ahí que la Audiencia Provincial de Málaga entendiera que no podía prosperar la acción de cesación al faltar un requisito de procedibilidad. Es la sentencia de fecha 19 de noviembre de 2013, de su Sección 5ª.

 

Lo expuesto bastaba para desestimar la demanda por razones formales, pero a mayor abundamiento, entrando en el fondo de la cuestión, la Audiencia entendió que existía un trato discriminatorio a los demandados. Dice la sentencia:

 

«(…) Por ello la cuestión a dilucidar en esta alzada es de contenido netamente jurídico, tal como ha quedado planteado en la instancia y en los escritos de este recurso, esto es, si ha existido o no un trato discriminatorio a los demandados frente al resto de los propietarios, lo que jurisprudencialmente enlaza con el abuso de derecho. El uso de un elemento común requerirá, para su validez, la autorización por parte de la comunidad de propietarios. Ahora bien, es cierto que en ocasiones se han admitido excepciones a este principio general derivadas de la existencia de un trato discriminatorio o contrario al principio de igualdad que debe regir en las relaciones entre los diferentes propietarios de una comunidad sometida al régimen de propiedad horizontal, discriminación que se ha configurado desde la perspectiva del abuso del derecho y que ha dado lugar a validación judicial de una obra o uso que, inicialmente, no estaba autorizado. La configuración de la igualdad de trato debe interpretarse en el sentido de que, como señalan las SSTS de 18 de enero y 10 de octubre de 2007, entre otras muchas, lo que prohíbe el principio de igualdad son las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables, según criterios o juicios de valor generalmente aceptados. A su vez, debe tenerse en cuenta que se quiebra el principio de igualdad que proclama el artículo 14 de la Constitución Española , cuando ante situaciones iguales se dan tratos dispares, pero no cuando ante situaciones dispares se ofrecen soluciones diferentes, así lo indica, por todas, la sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de junio de 2000. Ello ha llevado al Tribunal Supremo a aceptar este tratamiento discriminatorio como justificativo de la no autorización de obras o usos a un propietario cuando han sido consentidos por la comunidad otros semejantes a otros propietarios, como señala la STS de 16 de julio de 2009 : “permiten establecer un término de comparación, que pueda ser discriminatorio para otros en cuanto a una exigencia no tenida en cuenta, y que suponga una trasgresión del principio constitucional de igualdad ante la ley “. La cuestión de la igualdad de trato en el ámbito de la propiedad horizontal como expresión de abuso de derecho, ha dado lugar a un abundante cuerpo de doctrina seguido por las Audiencias Provinciales a partir de la STS de 31 de octubre de 1.990 que obliga a atender a la realidad fáctica relativa a la coexistencia previa y admitida (expresa o tácitamente) de otras obras, construcciones o usos similares. El contenido de ese cuerpo de doctrina es contundente y ha creado una corriente jurisprudencial importante, que tiende a evitar «agravios comparativos», injustos resultados y aplicaciones automáticas de la Ley, desconectadas de la letra y del espíritu de los artículos 3.1 y 7 del Código Civil, de forma que la configuración o estado exterior que no tienen el carácter de un concepto absoluto, sino de contornos flexibles y variables en función de las circunstancias de cada caso concreto, debiendo estarse a su importancia o trascendencia, así como a la situación o estado exterior de cada inmueble, tratando de evitar situaciones en las que ningún beneficio se obtiene para la comunidad de propietarios dado que, la coexistencia de otras alteraciones similares a la que es objeto de la acción que se ejercita supondría perpetuar el perjuicio sobre el aspecto o contenido de elementos comunes que se pretende evitar a través de la propia acción que se ha ejercitado.»

 

Por tanto, se consideró que otros propietarios realizaban la misma actividad sin que la comunidad hubiera actuado contra ellos, y sin justificar el porqué de ese trato diferenciado, lo cual supone un “agravio comparativo”.

 

Ambas razones, de forma y de fondo, llevaron a la desestimación de la demanda deducida por la comunidad.

 

@fabio_balbuena

fabiobalbuena.blogspot.com